Después de un año de agrios enfrentamientos verbales y presenciales, quienes se oponían a la construcción de un centro de detención de inmigración en el área de Southwest Ranches y la vecindad con Pembroke Pines ganaron la pelea. Ya no se construirá, por lo menos allí, la edificación que costaría $75 millones.
Las autoridades federales habían seleccionado tentativamente al pueblo de Southwest Ranches como el lugar para el proyecto, pero la controversia no se hizo esperar, con críticos en Pembroke Pines quejándose que “la prisión” afectaría el valor de la propiedad y aumentaría las cifras de crímenes.
Los letreros “No prison” brotaron en los jardines. Los manifestantes se lanzaron a las calles y se hicieron oír en Internet. En marzo autoridades de Pembroke Pines se echaron para atrás en la promesa de proveer los servicios de acueducto y alcantarillado al edificio —quizás la decisión mortal para cualquier intención de construir una cárcel en Southwest Ranches.
El viernes 15 de julio, el alcalde de ésta ciudad, Jeff Nelson, le dijo al Sun Sentinel que él había tenido “conversaciones en privado” con altos representantes del Servicio de Inmigración y Aduana (ICE) en Washington, D.C., por dos días, tratando de averiguar si su ciudad estaba todavía en los planes.
No se espera que las autoridades federales tomen una decisión final hasta noviembre, pero Nelson dijo que Southwest Ranches merece una respuesta antes de eso.
“EL pueblo ha sido mantenido en el limbo por mucho tiempo”, dijo Nelson. “Ya es suficiente”. Hasta que por fin obtuvo una respuesta” “un rotundo no”.
Algunos estaban fascinados con la noticia. Quienes se oponían a la edificación enviaron correos electrónicos muy cortos: “¡ganamos! Celebremos”.
La residente de Pembroke Pines, Heidi Jones estaba extasiada. “¡Es un gran día!, dijo. “Estamos muy agradecidos. Fue una pelea muy larga. Una pelea de un año y siempre había la duda de que ellos ganaran. Yo sabía que debía haber una voz razonable en alguna parte y sólo teníamos que seguir dándole a lo que fuera”.
Pero la residente de mucho tiempo de Southwest Ranches Marygay Chaples, estaba furiosa con la decisión. “El ICE cambió de opinión porque no tendrían agua ni alcantarillado”, dijo la mujer de 75 años e historiadora del pueblo. “No los culpo. La culpa es de Pembroke Pines”.
El alcalde también culpa a Pembroke Pines por sabotear el acuerdo.
Las autoridades de Southwest Ranches pelearon duro para atraer el centro de detención, diciendo que ayudaría a las finanzas locales. De haberse concretado la construcción, Southwest Ranches hubiera recibido $1.5 millones al año, amen de $350,000 en impuestos a la propiedad.
Southwest Ranches acusó a Pembroke Pines de “romper el contrato” en marzo. Al comienzo de abril, delegados de ambos municipios sostuvieron reuniones para resolver el conflicto, las cuales eran el preludio a una acción legal de una ciudad contra otra.
Una reunión de mediación está programada para el 31 de julio.
Si eso no funciona, Southwest Ranches planea presentar su propia demanda con Pembroke Pines, dijo el abogado de la ciudad Keith Poliakoff.
“Al final los residentes de Southwest Ranches podrían aún recibir los dólares de los impuestos; no del gobierno federal, sino de Pembroke Pines”, dijo.
El viernes aún no estaba claro si ICE todavía tiene planes de construir un centro de reclusión de inmigración en el sur de Florida. Pero Southwest Ranches ya no está en la pelea. Belle Glade en el condado Palm Beach y Florida City en Miami-Dade podrían estar entre las opciones.
Con al menos 1,500 camas, el centro sobrepasaría en tamaño al Krome Detention Center, localizado al oeste de Miami-Dade, que tiene 581 camas.
Nelson dijo que el viernes envió por fax un comunicado de prensa a Gary Mead, director de ICE Enforcement and Removal Operations, confirmando que el acuerdo con Southwest Ranches está muerto. Nelson dijo que espera recibir una notificación oficial de esa agencia en los próximos días.
Las autoridades de Pembroke Pines dijeron que estaban protegiendo a sus residentes cuando votaron 3 contra 2 para romper la promesa de proveer los servicios de acueducto y alcantarillado a los 24 acres donde se habría construido la cárcel.
Cuando los comisionados de Pembroke Pines cuestionaron la obligación legal de la ciudad de proveer esos servicios, el abogado de la ciudad, Sam Goren, les dijo que sí en tres comunicaciones escritas. Pero con la duda, ellos contrataron a un abogado en Orlando que les dio una opinión diferente.
Pembroke Pines ya enfrenta una demanda federal, interpuesta un día después del voto, por parte de Corrections Corporation of America (CCA), un operador de prisiones con base en Nashville, propietario del terreno donde se hubiera construido la cárcel. La demanda de CCA pide que Pembroke pague a aquélla los beneficios perdidos al bloquear la construcción.
CCA planeaba construir el centro en un terreno que colinda con Pembroke Pines, justo al oeste de la avenida 196 del suroccidente, entre Sheridan Street y Stirling Road.
Las dos ciudades no se han considerado mutuamente los mejores vecinos. Una siempre culpa a la otra.
“La situación daña aún más la confianza entre las dos ciudades, que Pines ha estado destruyendo por años”, dijo el residente de Southwest Ranches Bob Hartmann. “Se fue muy bajo”.
Y Chaples sentenció: “si fuera yo, haría que el pueblo demandara a Pembroke Pines. Ellos mintieron, engañaron. Espero que mi ciudad los demanda por el dinero que estamos perdiendo, que es $1.5 millones al año para siempre”. (SunSentinel)
