deportesMalas noticias para los inmigrantes sin papeles en el día del primer Debate  Presidencial. En casi 11 meses del año fiscal 2012 fueron deportados 366,292  indocumentados y a la lista falta agregar los expulsados durante los últimos  seis días de agosto y el mes de septiembre, según reportes publicados en  internet por la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE).

El promedio mensual de deportados fue de 33,299, y  el mes con mayor número de expulsiones ejecutadas fue mayo, con  40,164.

Si al promedio se agrega la cantidad de deportados entre el 1 de  octubre de 2011 y el 31 de agosto de 2012, la cifra de deportaciones alcanzará  los 399,591, un nuevo récord para la administración Obama.

El mandatario  prometió durante la campaña 2008 que empujaría una reforma migratoria en el  primer año de su mandato y no lo consiguió. El pasado 20 de septiembre el  Presidente reconoció durante un Encuentro con Univision que el no cumplimiento  del compromiso era uno de los mayores fracasos de su gobierno.

El año  fiscal estadounidense arranca el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre del  año siguiente

“Una vergüenza”

La cifra de  deportaciones “es inaceptable, una vergüenza para este país”, dijo a  Univision.com Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los  Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA), en California.  Agregó que “este es uno de los peores” gobiernos en materia de inmigración y que  las cifras hablan por sí solas.

Salas agregó que las proyecciones (falta  conocer las cifras del mes de septiembre para cerrar el conteo del año fiscal  2012) constituyen un “horrible resultado” y dijo que era “muy importante que el  presidente reflexione sobre estas horribles cifras”. Y que si gana la reelección  el 6 de noviembre, “finalmente pase una reforma migratoria amplia, porque no  podemos pasar un año más con tanta gente deportada”.

Respecto a la  postura del candidato Mitt Romney sobre el tema migratorio, que en enero dijo  que de promovería una política de autodeportaciones y luego advirtió que vetaría  el Dream Act si el Congreso lo aprueba, pero más tarde cambió de postura y  respaldó una versión limitada, Salas dijo que “desafortunadamente tiene una peor  postura”, (que el presidente), pero destacó el compromiso anunciado esta semana  de que si gana la Casa Blanca avalaría la Acción Diferida anunciada por Obama a  favor de 1.7 millones de jóvenes indocumentados, quienes pueden detener sus  deportaciones por dos años y conseguir un permiso de trabajo por el mismo  período de tiempo.

“La cifra sin duda es una crisis de derechos humanos”, apuntó la activista. “La Acción Diferida es un pequeño paso”, agregó, sin  olvidar el llanto en que se han sumido más de un millón de deportados en los  cuatro años de la Administración Demócrata.

Fuera de  control
La cifra de deportados pudieran transformarse en malas  noticias para el Presidente Obama, quien busca la reelección en unos cerrados  comicios que finalizan el próximo 6 de noviembre.

“Son (cifras) muy  altas”, advirtió el profesor Roberto Izurieta, director del Departamento de  Política Latinoamericana de la Universidad George Washington a Univision.com. “O  (el gobierno) no tiene control del proceso (de deportaciones que ejecuta ICE) o  no le dieron importancia”.
Dijo además que “antes, las deportaciones eran  altas porque el pretexto era que (el gobierno demócrata) quería demostrar a los  republicanos que estaba comprometidos con la seguridad y el control migratorio  para conseguir su apoyo para una reforma migratoria (en el Congreso), pero hoy  esto no tiene sentido”.

A la pregunta si la cifra de deportados influirá  en el voto latino el martes 6 de noviembre, Izurieta respondió que “depende de  la publicidad que se dé a esa cifra”. Agregó que estaba convencido, “sobre todo  luego del respaldo que el presidente está recibiendo del voto hispano (70% a  favor), que buscará una reforma migratoria en su segundo mandato”.

“La  pregunta es si tendrá los  votos y, sin un mínimo respaldo republicano, no  creo que lo consiga”, apuntó.

Para ser aprobada la reforma migratoria en  el Congreso necesita 218 votos en la Cámara de Representantes y 60 en el  Senado.

Consultado si la campaña republicana utilizará la cifra de  deportados para golpear a sus rivales demócratas, Izurieta indicó que “no creo  que usen mucho esa cifra. Las suyas fueron igual de malas (durante el gobierno  de George W. Bush). Y mientras Romney no exponga una propuesta migratoria, le  conviene más estar fuera del tema”.

Para el Movimiento Vamos Unidos USA, la cifra de deportaciones efectivas durante  cada uno de los cuatro años de la Administración Obama “constituyen una falta de  respeto para la comunidad latina”, dijo a Univision.com Juan José Gutierrez,  presidente de la organización basada en Los Angeles, California.

Señaló  que la promesa de 2008 “terminó en la implementación de una política de  persecución sin precedentes” y que las cifras de expulsados “son  escalofriantes”.

Agregó que no cabe duda que “estas cifras influirán en  eol voto latino en noviembre”, pero subrayó que “lo que no se sabe es  cuánto”.
El activista tildó además de “cruel e inhumana” la política de  deportaciones y urgió al gobierno a implementar cuanto antes la medida anunciada  el 2 de enero para que “los cónyuges de ciudadanos estadounidenses puedan  legalizar sus permanencias en el país sin la necesidad de salir de Estados  Unidos y que les caiga encima la ley del castigo”.

La Ley del Castigo fue  aprobada por el Congreso en 1996. Señala que los indocumentados que permanecen  180 días o más en territorio de Estados Unidos, reciben una sanción de tres años  sin poder ingresar al país. Quienes pasen más de un año indocumentados reciben  una pena de 10 años. La medida del 2 de enero suspende esta parte de la ley de  inmigración para favorecer la reunificación familiar.

A pesar  de…

El elevado número de deportaciones ocurre a pesar de que el  gobierno de Obama ha anunciado al menos tres medidas administrativas para  beneficiar a indocumentados y que estos puedan frenar sus deportaciones y  conseguir un tipo de permanencia legal en Estados Unidos.

La primera de  ellas fue anunciada el 15 de agosto de 2011 e impacta la revisión de unos 300  mil casos de deportación. Al mes de junio menos del 2% de los casos se habían  beneficiado. La segunda se conoció los primeros días de enero y afecta a  indocumentados cónyuges e hijos menores de edad de ciudadanos estadounidenses a  quienes no les caerá encima el peso de la denominada Ley del Castigo, y con ello  beneficiar la reunificación familiar.

La tercera, anunciada el pasado 15  de junio y puesta en vigor el 15 de agosto, detiene la deportación de entre 700  mil y 1.4 millones de jóvenes que ingresaron sin papeles a Estados Unidos siendo  niños y que se conocen como dreamers.

A la fecha poco más de 100 mil han  solicitado el beneficio y menos del 5% ha recibido la detención temporal de sus  deportaciones.

Un millón y contando

Durante el  año fiscal 2009 (del 1 de octubre de 2008 al 30 de septiembre de 2009), el  gobierno deportó a 389,834 indocumentados, la mayoría de ellos con antecedentes  criminales, aseguró el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En el  año fiscal 2010 la cifra de expulsados subió a 392,862 (del 1 de octubre de 2009  al 30 de septiembre de 2010). Al igual que en el año 2009, el gobierno federal  aseguró que el porcentaje mayor de extranjeros deportados tenía antecedentes  criminales.

Al año siguiente, 2011, la cifra alcanzó los 396,906 (entre  el 1 de octubre de 2010 y el 30 de septiembre de 2011).
En junio  Univision.com reportó que al 16 de ese mes iban 284,172 deportados. La cifra  suponía que al 30 de septiembre el número de expulsados sobrepasaría los 400  mil, marcando un nuevo récord para las estadísticas del gobierno de  Obama.

El gobierno asegura que la mayoría de los deportados tenía  antecedentes criminales, pero organizaciones que defienden los derechos de los  inmigrantes, entre ellas el Consejo Nacional de La Raza (NCLR), la Coalición por  los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA) y el Foro  Nacional de Inmigración (NIF), entre otros, argumentan que entre seis y siete de  cada 10 expulsados por el gobierno no tenía antecedentes criminales que  constituyeran una amenaza seria para la seguridad nacional. (Univision)

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