Malas noticias para los inmigrantes sin papeles en el día del primer Debate Presidencial. En casi 11 meses del año fiscal 2012 fueron deportados 366,292 indocumentados y a la lista falta agregar los expulsados durante los últimos seis días de agosto y el mes de septiembre, según reportes publicados en internet por la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE).
El promedio mensual de deportados fue de 33,299, y el mes con mayor número de expulsiones ejecutadas fue mayo, con 40,164.
Si al promedio se agrega la cantidad de deportados entre el 1 de octubre de 2011 y el 31 de agosto de 2012, la cifra de deportaciones alcanzará los 399,591, un nuevo récord para la administración Obama.
El mandatario prometió durante la campaña 2008 que empujaría una reforma migratoria en el primer año de su mandato y no lo consiguió. El pasado 20 de septiembre el Presidente reconoció durante un Encuentro con Univision que el no cumplimiento del compromiso era uno de los mayores fracasos de su gobierno.
El año fiscal estadounidense arranca el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre del año siguiente
“Una vergüenza”
La cifra de deportaciones “es inaceptable, una vergüenza para este país”, dijo a Univision.com Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA), en California. Agregó que “este es uno de los peores” gobiernos en materia de inmigración y que las cifras hablan por sí solas.
Salas agregó que las proyecciones (falta conocer las cifras del mes de septiembre para cerrar el conteo del año fiscal 2012) constituyen un “horrible resultado” y dijo que era “muy importante que el presidente reflexione sobre estas horribles cifras”. Y que si gana la reelección el 6 de noviembre, “finalmente pase una reforma migratoria amplia, porque no podemos pasar un año más con tanta gente deportada”.
Respecto a la postura del candidato Mitt Romney sobre el tema migratorio, que en enero dijo que de promovería una política de autodeportaciones y luego advirtió que vetaría el Dream Act si el Congreso lo aprueba, pero más tarde cambió de postura y respaldó una versión limitada, Salas dijo que “desafortunadamente tiene una peor postura”, (que el presidente), pero destacó el compromiso anunciado esta semana de que si gana la Casa Blanca avalaría la Acción Diferida anunciada por Obama a favor de 1.7 millones de jóvenes indocumentados, quienes pueden detener sus deportaciones por dos años y conseguir un permiso de trabajo por el mismo período de tiempo.
“La cifra sin duda es una crisis de derechos humanos”, apuntó la activista. “La Acción Diferida es un pequeño paso”, agregó, sin olvidar el llanto en que se han sumido más de un millón de deportados en los cuatro años de la Administración Demócrata.
Fuera de control
La cifra de deportados pudieran transformarse en malas noticias para el Presidente Obama, quien busca la reelección en unos cerrados comicios que finalizan el próximo 6 de noviembre.
“Son (cifras) muy altas”, advirtió el profesor Roberto Izurieta, director del Departamento de Política Latinoamericana de la Universidad George Washington a Univision.com. “O (el gobierno) no tiene control del proceso (de deportaciones que ejecuta ICE) o no le dieron importancia”.
Dijo además que “antes, las deportaciones eran altas porque el pretexto era que (el gobierno demócrata) quería demostrar a los republicanos que estaba comprometidos con la seguridad y el control migratorio para conseguir su apoyo para una reforma migratoria (en el Congreso), pero hoy esto no tiene sentido”.
A la pregunta si la cifra de deportados influirá en el voto latino el martes 6 de noviembre, Izurieta respondió que “depende de la publicidad que se dé a esa cifra”. Agregó que estaba convencido, “sobre todo luego del respaldo que el presidente está recibiendo del voto hispano (70% a favor), que buscará una reforma migratoria en su segundo mandato”.
“La pregunta es si tendrá los votos y, sin un mínimo respaldo republicano, no creo que lo consiga”, apuntó.
Para ser aprobada la reforma migratoria en el Congreso necesita 218 votos en la Cámara de Representantes y 60 en el Senado.
Consultado si la campaña republicana utilizará la cifra de deportados para golpear a sus rivales demócratas, Izurieta indicó que “no creo que usen mucho esa cifra. Las suyas fueron igual de malas (durante el gobierno de George W. Bush). Y mientras Romney no exponga una propuesta migratoria, le conviene más estar fuera del tema”.
Para el Movimiento Vamos Unidos USA, la cifra de deportaciones efectivas durante cada uno de los cuatro años de la Administración Obama “constituyen una falta de respeto para la comunidad latina”, dijo a Univision.com Juan José Gutierrez, presidente de la organización basada en Los Angeles, California.
Señaló que la promesa de 2008 “terminó en la implementación de una política de persecución sin precedentes” y que las cifras de expulsados “son escalofriantes”.
Agregó que no cabe duda que “estas cifras influirán en eol voto latino en noviembre”, pero subrayó que “lo que no se sabe es cuánto”.
El activista tildó además de “cruel e inhumana” la política de deportaciones y urgió al gobierno a implementar cuanto antes la medida anunciada el 2 de enero para que “los cónyuges de ciudadanos estadounidenses puedan legalizar sus permanencias en el país sin la necesidad de salir de Estados Unidos y que les caiga encima la ley del castigo”.
La Ley del Castigo fue aprobada por el Congreso en 1996. Señala que los indocumentados que permanecen 180 días o más en territorio de Estados Unidos, reciben una sanción de tres años sin poder ingresar al país. Quienes pasen más de un año indocumentados reciben una pena de 10 años. La medida del 2 de enero suspende esta parte de la ley de inmigración para favorecer la reunificación familiar.
A pesar de…
El elevado número de deportaciones ocurre a pesar de que el gobierno de Obama ha anunciado al menos tres medidas administrativas para beneficiar a indocumentados y que estos puedan frenar sus deportaciones y conseguir un tipo de permanencia legal en Estados Unidos.
La primera de ellas fue anunciada el 15 de agosto de 2011 e impacta la revisión de unos 300 mil casos de deportación. Al mes de junio menos del 2% de los casos se habían beneficiado. La segunda se conoció los primeros días de enero y afecta a indocumentados cónyuges e hijos menores de edad de ciudadanos estadounidenses a quienes no les caerá encima el peso de la denominada Ley del Castigo, y con ello beneficiar la reunificación familiar.
La tercera, anunciada el pasado 15 de junio y puesta en vigor el 15 de agosto, detiene la deportación de entre 700 mil y 1.4 millones de jóvenes que ingresaron sin papeles a Estados Unidos siendo niños y que se conocen como dreamers.
A la fecha poco más de 100 mil han solicitado el beneficio y menos del 5% ha recibido la detención temporal de sus deportaciones.
Un millón y contando
Durante el año fiscal 2009 (del 1 de octubre de 2008 al 30 de septiembre de 2009), el gobierno deportó a 389,834 indocumentados, la mayoría de ellos con antecedentes criminales, aseguró el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
En el año fiscal 2010 la cifra de expulsados subió a 392,862 (del 1 de octubre de 2009 al 30 de septiembre de 2010). Al igual que en el año 2009, el gobierno federal aseguró que el porcentaje mayor de extranjeros deportados tenía antecedentes criminales.
Al año siguiente, 2011, la cifra alcanzó los 396,906 (entre el 1 de octubre de 2010 y el 30 de septiembre de 2011).
En junio Univision.com reportó que al 16 de ese mes iban 284,172 deportados. La cifra suponía que al 30 de septiembre el número de expulsados sobrepasaría los 400 mil, marcando un nuevo récord para las estadísticas del gobierno de Obama.
El gobierno asegura que la mayoría de los deportados tenía antecedentes criminales, pero organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, entre ellas el Consejo Nacional de La Raza (NCLR), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA) y el Foro Nacional de Inmigración (NIF), entre otros, argumentan que entre seis y siete de cada 10 expulsados por el gobierno no tenía antecedentes criminales que constituyeran una amenaza seria para la seguridad nacional. (Univision)