En el importante mundo de los contratos gubernamentales en la Florida, Connected Nation aprendió cómo se juega el juego.
La compañía sin fines de lucro con sede en Kentucky se formó para expandir el alcance de la banda ancha para zonas con bajo servicio a lo largo del país. En el 2009, la compañía presentó la mejor oferta y ganó un contrato por $3.9 millones para hacer el mapeo de la banda ancha en la Florida con el uso de fondos federales de estímulo.
Pero después de dos años y una nueva administración, los funcionarios estatales decidieron el otoño pasado que podían reducir el costo del programa y mejorar el servicio si ellos permitían que expirara en diciembre el contrato de Connected Nation y comenzaran el proceso para otras compañías que presentaran su oferta.
No fue tan fácil. Las propuestas se buscaron y comenzaron las negociaciones, pero con los funcionarios del Departamento de Manejo de Servicios no contentos con el desempeño de Connected Nation, la compañía hizo lo que es un lugar común en Tallahasee: puso en movimiento su poderoso equipo de cabildeo y lo conectó con la Legislatura.
El resultado: la Legislatura lo aprobó y el gobernador firmó un proyecto de ley para pasar el manejo del contrato del mapeo de la banda ancha de DMS al nuevo Departamento de Oportunidades Económicas, efectivo a partir del 1 de julio. Connected Nation redujo su precio a la mitad y pasó a ser una de las tres principales compañías en la oferta. Las negociaciones del contrato están estancadas hasta que se lleve a cabo la transferencia de la agencia.
El representante Alan Williams, un demócrata por Tallahasse y oponente declarado de la transferencia de contrato, dijo que el ejemplo de Connected Nation subraya lo que muchos han llegado a esperar en Tallahassee: el obtener un trabajo del estado depende mucho de a quién conoces como cuánto es lo que cobras.
“¿Es esto un favor a Connected Nation y un cabildero o es esto realmente buen gobierno?’ preguntó Williams. “¿Es realmente ser responsable y eficiente para el estado de la Florida en la forma en que el gobernador quiere que se sea?”
Todos los años, casi $51,000 millones o casi un 57 por ciento de presupuesto estatal se gasta en contratos y acuerdos para bienes y servicios, según el principal funcionario financiero Jeff Atwater. Él buscó en la sesión del 2012 una legislación que hubiera cambiado la revisión del proceso de los contratos a su oficina, lo que obligaría a una distancia entre el grueso de los contratos del estado, que están bajo el ámbito del gobernador.
El proyecto murió y en su lugar el gobernador nombró a David Wilkins, secretario del Departamento de Niños y Familia, como su nuevo jefe de revisión de contratos.
Wilkins, un ejecutivo de 29 años en la compañía gigante de servicios de administración y tecnología Accenture, sabe cómo las empresas privadas pueden ser mejores estrategas del estado, porque él ha estado allí. Él manejó contratos de millones de dólares entre su compañía, otros estados, el gobierno federal y otros países.
“La Florida no es peor que otros estados”, dijo Wilkins. “Es diferente porque puede tener un mayor volumen que la mayoría”. (Herald/Times)
