Una sub comisión de la Cámara de Representantes está analizando un proyecto que cambiará el sistema de retiro de los empleados nuevos a un plan estilo 401 (k).
Pero el presidente de la Sub Comisión de Operaciones Gubernamentales, Jason Brodeur, dijo que el futro de la medida puede depender de los estudios sobre el impacto financiero.
El proyecto, colocará a los empleados contratados luego del primero de enero del 2014 a un plan con contribuciones definidas, en lugar del sistema actual con beneficios definidos.
Quienes apoyan la iniciativa dijeron que hará que el plan sea más predecible y aliviará la situación del estado.
Brodeur dijo que “no habrá más un cheque en blanco firmado por los contribuyentes”.
A la vez, destacó que los empleados actuales no se verán afectados. La iniciativa “no anula las promesas hechas en el pasado”, dijo.
Sin embargo demócratas y los sindicatos sostienen que el plan de pensiones del estado es uno de los mejor financiados de la nación y que tiene una base financiera firme.
El representante demócrata Irv Slosberg, dijo que “¿exactamente, que es lo que estamos tratando de arreglar?”.
Quienes critican la nueva iniciativa dijeron que la medida puede costar a los contribuyentes $150 millones más el año que viene y llegará hasta $450 millones en tres años.
Esto es parte de la lucha política en torno al plan de retiros, que comenzó hace dos años cuando los legisladores voten una ley que disponga que los empleados aporten el 3 por ciento de sus sueldos al plan de retiro.
Hubo demandas ante los tribunales y finalmente la Corte Suprema de Justicia de Florida apoyó recientemente la decisión del gobernador, Rick Scott, y de la Legislatura de imponer a los empleados estatales una contribución del 3 por ciento para el plan de pensiones.
Scott, al elogiar el fallo, dijo que “la decisión de la Corte apoya nuestros esfuerzos para reducir el costo de la vida para las familias de Florida. Esto significa que más empresas se radicarán en Florida, lo que creará más oportunidades para que los floridanos vivan su versión del sueño americano”.
Un aporte del tres por ciento de los salarios de los 623.000 empleados públicos permitió que legisladores cubriesen déficits en el presupuesto durante los dos últimos años.
Si la Corte se hubiera pronunciado en favor de los sindicatos, este año habría un faltante de $2.000 millones ya que el gobierno tendría que devolver los descuentos ya realizados y abandonar el aporte del tres por ciento. (Diario Las Americas)
