Los efectos combinados de purgas en los padrones electorales, la exigencia de comprobar la ciudadanía y la obligatoriedad de contar con una identificación con foto para votar podrían dificultar a por lo menos 10 millones de hispanos el voto en las elecciones generales de noviembre en Estados Unidos, dijeron defensores de derechos civiles en un estudio.
Los electores hispanos son considerados determinantes para la elección presidencial de este año y son vigorosamente cortejados por el presidente Barack Obama y su rival demócrata Mitt Romney. Si salen a votar en masa, los hispanos podrían definir el resultado de varios estados sin tendencia definida.
En un análisis realizado con datos del gobierno, el grupo de derechos civiles The Advancement Project identificó las barreras legales que podrían evitar el registro electoral y la participación de los hispanos elegibles. En algunos de esos estados, el número de ciudadanos latinos con derecho a votar que podrían no hacerlo por los obstáculos mencionados excede el margen de victoria de las elecciones de 2008.
“Al igual que los estadounidenses de raza negra, los latinos han experimentado una reducción en el acceso y, como consecuencia, menores niveles de registro electoral y participación en comparación con los blancos no hispanos”, indica el reporte que se dará a conocer el lunes.
El reporte recomienda la no aplicación de políticas que obstaculicen indebidamente a los electores hispanos y pide al Departamento de Justicia investigar y procesar “cualquier violación relacionada con el derecho a votar”.
De acuerdo con datos del censo, había más de 21 millones de hispanos en edad de votar en 2010. Representaban casi 10% de todos los electores elegibles y 8% de todos los registrados en Estados Unidos.
Entre los hispanos elegibles hace dos años, 6,3 millones dijeron que no estaban registrados para votar y 10,8 millones —casi la mitad en edad de sufragar— afirmaron que no votaron, según el reporte.
En comparación, agrega el estudio, había 172,4 millones de ciudadanos blancos no hispanos elegibles para votar en 2010, con casi 18% sin registrar y 38% que dijo que no votó.
De acuerdo con los investigadores, existen tres barreras importantes para la participación de los electores hispanos: las purgas electorales basadas en la ciudadanía, la exigencia de comprobar la ciudadanía y la obligatoriedad de contar con una identificación con foto para votar.
Dieciséis estados han adoptado o buscado limpiar sus padrones electorales basados en la ciudadanía, indica el reporte. Esas entidades son: Alaska, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, Colorado, Florida, Georgia, Iowa, Kansas, Michigan, Nuevo México, Ohio, Tenesí, Texas, Utah y Washington.
En esos estados viven casi 5,5 millones de electores latinos registrados y 1,1 millones de ciudadanos naturalizados originarios de Latinoamérica. Colorado y Florida identificaron a los electores para una posible purga comparando sus registros electorales con las bases de datos de los permisos de conducir que muestran qué votantes dijeron ser inmigrantes, lo que genera un problema, agrega el informe.
“Por lo común, los ciudadanos naturalizados recibieron sus permisos de conducir cuando eran inmigrantes pero antes de volverse ciudadanos (y antes de registrarse en el padrón electoral). Por lo tanto, este método genera listas de electores a verificar llenas de ciudadanos naturalizados”, indica el estudio.
Florida detuvo sus esfuerzos para retirar de sus padrones electorales a los que no fueran ciudadanos una vez que las autoridades se percataron de que estaban utilizando bases datos obsoletas para verificar la ciudadanía.
Hasta agosto, en el estado de Georgia estaba vigente una ley que pedía documentos adicionales para comprobar la ciudadanía —certificado de nacimiento, pasaporte o papeles de naturalización— a quien buscara inscribirse para votar; en Alabama y Arizona se esperaba la entrada en vigor de medidas similares, y en otros estados se habían presentado propuestas en ese sentido, agrega el estudio.
Ese tipo de exigencias “era algo de lo que no había oído” hasta entonces en Estados Unidos, indica el análisis, principalmente porque ya existían protecciones federales contra los no ciudadanos que se registraban para votar. Al pedir documentación extra se aplican requerimientos “engorrosos y algunas veces costosos” a los electores latinos a una tasa desproporcionada en comparación con otros sectores, opinan los investigadores.
Lo mismo es para las “restrictivas” leyes de identificación con foto en nueve estados: Georgia, Indiana, Kansas, Misisipí, Pensilvania, Carolina del Sur, Tenesí, Texas y Wisconsin, concluye el informe.
