Funcionarios de prisiones de Florida sostiuenen que el plan para cerrar prisiones o privatizarlas tendrá un efecto negativo sobre la comunidad, al dejar sin trabajo a miles de personas y exponer a la sociedad a un mayor peligro.
Una docena de funcionarios de prisiones se concentró en el edificio del Legislativo estatal en Tallahassee, la capital de Florida, para instar a los legisladores a que rechacen el plan que prevé el cierre de prisiones y centros de trabajos para reos, indicó la federación de trabajadores Teamsters.
El pasado jueves el Departamento de Correcciones de Florida anunció un plan para clausurar siete cárceles y cuatro centros de trabajo forzado debido a una disminución en el número de internos en el estado.
La medida, de ser puesta en práctica, supondría la pérdida de miles de empleos. “Nos va a dejar a todos sin trabajo”, señaló Bill Curtis, funcionario de un correccional, quien explicó que la privatización del centro donde trabaja le costará su empleo, su seguro y posiblemente la vida de su esposa, enferma del corazón.
Curtis, de 61 años, expresó su escepticismo ante la posibilidad de que, por su edad, pueda conseguir un nuevo trabajo.
Según el plan anunciado por el secretario de prisiones, Ken Tucker, el cierre de las cárceles le ahorraría a Florida cerca de 76 millones de dólares al eliminar 1.239 empleos, en su mayoría plazas de tiempo completo en áreas rurales del estado.
Más de 100.000 internos residen en las 61 cárceles estatales de Florida, muchos de ellos hispanos, de acuerdo con las autoridades carcelarias, que aseguran que el cierre no afectará el espacio que se necesita para acomodar a los internos.
La admisión a los centros de reclusión ha ido disminuyendo desde el año fiscal 2007-2008 y según estadísticas del Departamento de Correcciones, la misma bajó 6 % durante el año fiscal 2009-2010, para un total de 36.994 reos.
Además, Curtis criticó la decisión de privatizar algunos de los centros de detención al considerar que “cuando una compañía privada entra, ellos cortan la calidad y la plantilla”.
“Ellos (las compañías privadas) tomarán atajos para hacer dinero, los trabajadores allí estarán menos seguros, los presos también y, al final, la comunidad”, puntualizó Curtis, miembro del Teamsters Union, federación que agrupa a 1,4 millones de trabajadores en EE.UU.
David Thomas, teniente del Hendry Work Camp Immokalee, un centro de detención que podría verse afectado por las medidas, estima que, de llevarse a cabo el cierre, entre 700 y mil personas perderían su empleo.
De hecho, 85 funcionarios o trabajadores del centro de Immokalee “no tendrían un lugar a dónde ir”, lo que es “devastador”, subrayó Thomas.
