Miami-Dade sigue adelante con su plan de instalar el controversial programa de cámaras en los semáforos, a pesar de la preocupación de que podría inundar los tribunales de tráfico. Y la compañía que domina el sector puede presumir de un defensor de gran valor: el hijo cabildero del alcalde.
Carlos Giménez Jr., hijo del alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, es cabildero de American Traffic Solutions, la empresa que tiene la mayoría de los contratos de cámaras en semáforos en el sur de Florida, según documentos.
El condado todavía no ha firmado, ni siquiera sacadoa licitación, el contrato. El más joven de los Giménez, abogado y cabildero del bufete Becker & Poliakoff, se inscribió a principio de año ante el gobierno municipal de Miami como cabildero de ATS, con sede en Arizona.
El alcalde dice que no supervisará directamente el plan. “En un esfuerzo para evitar cualquier apariencia de deshonestidad, voy a delegar la supervisión en el vicealcalde, que se encarga de la seguridad pública, independientemente de qué empresas muestren interés en el programa”, dijo Giménez en un comunicado.
Giménez también se refirió a una carta enviada el mes pasado por el director de la Comisión de Etica y Confianza Pública de Miami-Dade. Dijo que el alcalde no tendrá ningún conflicto de interés si su “hijo no participa en la representación de Becker & Poliakoff o en las gestiones de cabildeo”.
El entonces director, Robert Meyers, recomendó “que usted no participe en ninguna decisión como alcalde de Miami-dade si su hijo cabildea a nombre de clientes que tienen asuntos pendientes con el gobierno de Miami-Dade”.
Carlos Giménez Jr, que no se ha inscrito para cabildear a favor de la compañía ante el Ayuntamiento condal, no devolvió una llamada telefónica de The Miami Herald.
Un portavoz de ATS hizo hincapié en que el hijo de Giménez no trabaja en ninguna relación con el Condado.
“Entendemos los retos de la seguridad vial del condado y nos sentiríamos honrados de tener la oportunidad de trabajar con Miami-Dade para ayudar a mejorar la seguridad vial”, dijo el vocero Charles Territo.
En la Florida el uso de las cámaras de semáforo se ha extendido en los últimos años, pero también ha generado titulares negativos y numerosas demandas.
Sus defensores dicen que promueven la seguridad vial en las esquinas peligrosas. Pero los críticos las consideran una herramienta para generar ingresos para las arcas municipales.
Cerca de 30 municipios de Miami-Dade y Broward usan las cámaras. En Miami-Dade, ATS tiene contratos con 22 municipalidades y cerca de 80 en todo el estado.
El programa fue administrado inicialmente por las propias municipalidades. En julio del 2010 los legisladores aprobaron una ley que dio luz verde al sistema, enviando los casos a los tribunales.
Los conductores pueden tener que pagar una multa de $158, sin que se emita una citación por violar las leyes del tránsito. Si un conductor no paga, se convierte en una citación por violar las leyes del tráfico, con una multa de $273, más la posible aplicación de puntos contra el récord del conductor.
Pero los programas no han aportado a algunas ciudades los ingresos financieros esperados. Y algunas ciudades, como Hialeah y North Miami Beach, eliminaron los programas después de decidir que causaban demasiados dolores de cabeza.
En enero, la Comisión de Miami-Dade pidió a los administradores que estudiaran la viabilidad de implementar un programa de cámaras de luz roja, con la esperanza de instalar cámaras en la sorprendente cantidad de 200 intersecciones. El condado, en ese momento, calculó que el programa generaría una ganancia de $2.6 millones en su primer año.
De acuerdo a un informe inicial sobre los progresos del programa obtenido por The Miami Herald, los funcionarios del condado han recomendado una disminución en las dimensiones del programa, optando solo por 20 intersecciones con 400 cámaras. El condado espera convocar a una licitación en octubre.
La policía de Miami-Dade, que se encargaría de operar el programa, gastaría una suma aproximada de $409,062 por año, dedicando cuatro miembros de su personal a operarlo. El informe, sin embargo, señala algunos retos para el programa.
“Es importante indicar que, a medida que la conciencia del publico aumente, ocurrirá una consiguiente disminución en las multas y en los ingresos”, señala el informe.
Y la carga sobre las cortes sería tremenda. El informe sugiere que las 32,640 citatciones que se espera, causaría la creación de sesiones nocturnas en las cortes.
“Cada sesión nocturna de la corte costaría unos $500,000 anuales. El costo de construir cada nuevo salón, y de dotarlo de personal, se calcula en unos $2.4 millones en gastos iniciales, y en $800,000 en gastos recurrentes anuales”, indica el informe. (El Nuevo Herald)
