La jueza estatal Jackie Fulford emitió un falló en el cual declara que la Legislatura de la Florida violó la ley y la Constitución del estado al utilizar cláusulas del presupuesto para ordenar que se privatizaran las cárceles en 18 condados del sur de la Florida, y exigió que se detenga el proyecto de inmediato.
“Las medidas tomadas hasta el momento se declaran ilegales, sin autoridad y en flagrante violación de la ley”, escribió
Fulford, jueza de circuito del condado León, en una decisión de seis páginas que culpó en duros términos a los legisladores por su falta de transparencia.
Fulford afirmó que la Legislatura había pisoteado las leyes existentes de privatización al ordenar al Departamento de Correcciones que buscara propuestas de empresas privadas para administrar 29 cárceles y campamentos de trabajos forzados. Concluyó además que el proyecto violaba las leyes estatales porque la agencia no hizo un estudio de negocios de los pros y contras de la privatización antes de buscar propuestas de las empresas.
Fulford subrayó que privatizar las cárceles estatales está permitido por la ley, pero que la Legislatura usó los procedimientos erróneos para hacerlo.
“Bajo leyes existentes y pertinentes, hay que llevar a cabo una asignación legislativa especifica para una propuesta de contrato de privatización”, escribió la jueza. “Si es la voluntad de la Legislatura iniciar por sí misma la privatización de las cárceles de la Florida, en lugar del Departamento de Prisiones (DOC), la Legislatura tendrá que hacer eso usando las leyes generales, en lugar de ‘usar los recovecos de la Ley General de Asignaciones’”.
La cita de los “recovecos” se refiere a un caso del Tribunal Supremo de la Florida en 1971, Dickinson versus Stone, en el cual el entonces contralor Bud Dickinson impugnó con éxito cláusulas legales legislativas que lidiaban con más de un tema. El tribunal dijo que el traslado de responsabilidades entre agencias estatales debía haber sido hecho por medio de una ley, y no por medio de cláusulas del presupuesto.
El estado está considerando si apelará o no la decisión de Fulford ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito.
“Estamos revisando la decisión y determinando cuáles serán nuestras opciones”, dijo la vocera del sistema de prisiones, Gretl Plessinger.
La decisión fue una victoria para la Asociación Benevolente de Policía de la Florida (PBA), el sindicato de los agentes penitenciarios, el cual presentó la demanda con la esperanza de salvar los trabajos de varios miles de agentes.
“Creemos que se ha hecho justicia a los 4,000 hombres y mujeres que enfrentaban la perspectiva de la privatización”, afirmó el director ejecutivo de PBA, Matt Puckett. “Esto valida lo que PBA ha estado diciendo todo este tiempo: la Legislatura no está por encima de la ley”.
La Legislatura había exigido al tercer sistema penitenciario en tamaño de la nación, que aún se está ajustando al despido en agosto del secretario del DOC, Edwin Buss, que escogiera una compañía para que administrara las cárceles del sur de la Florida para el 1ro. de diciembre, con objeto de dar tiempo a la Comisión del Presupuesto Legislativo para que tomara medidas sobre la decisión.
El fallo produjo que el Departamento de Prisiones suspendiera el recibimiento de propuestas de las compañías, fijada para el martes a las 2 p.m., y todas las referencias al proyecto desaparecieron de la página de internet de la agencia.
Tres compañías privadas de prisiones estaban considerando hacer ofertas para administrar las prisiones: Corrections Corp. of America, radicada en Nashville; The GEO Group, en Boca Raton; y MTC, de Centerville, Utah.
La propuesta no fue discutida en detalle en ningún momento en ninguna de las audiencias legislativas, y apareció por primera vez en su forma definitiva en el documento final del presupuesto en los días del cierre de la temporada de sesiones legislativas del 2011.
Algunos legisladores dijeron que la medida de privatización no se propuso como ley porque no se hubiera aprobado en una votación del pleno.
