A través de una cadena nacional, el Gobierno anunció formalmente el envío al Congreso de un proyecto de ley para expropiar el 51% de YPF, a un precio que fijará el Tribunal de Tasaciones de la Nación y en el marco de la declaración de “interés público y nacional” al “autoabastecimiento de hidrocarburos”. El total a expropiar pertenece a la española Repsol.
El proyecto lleva por título “De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina”. En lo esencial, tiene varios puntos de contacto con el texto que había trascendido la semana pasada y que ya era analizado por legisladores oficialistas, aunque éste incorpora los reclamos de las provincias productoras de hidrocarburos.
El primer artículo del proyecto, de un total de 19 y que hoy mismo será enviado al Parlamento, declara “de interés publico nacional y como objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos” y “la explotación, industrialización, trasnporte y comercialización de hidrocarburos”.
Ese marco es el que permite la parte más sustancial del proyecto: la declaración de “utilidad pública y sujeto a expropiación” del 51% de YPF Sociedad Anónima. Esas acciones, especifica el proyecto, se repartirán entre el Estado Nacional y las provincias que integran la Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos (OFEPHI) de modo tal que el Estado nacional tendrá el 26,01% del total y las provincias productoras, el 24,99% (con, respectivamente, el 51% y el 49% del 51% que sería expropiado).
El texto establece, además, que el 51% a expropiar estará “representado por igual porcentaje de las acciones Clase D pertenecientes a Repsol YPF Sociedad Anónima” (es decir que, por lo menos según está planteado, no expropian las acciones que tiene la familia Eskenazy a través del Grupo Petersen ni las de los accionistas que compraron los títulos en la bolsa); que el ejercicio de los derechos accionarios de las provincias, además, se realizará “en forma unificada por el plazo mínimo de 50 años a través de un pacto de sindicación de acciones”, y que “se encuentra prohibida la transferencia posterior de tales acciones (las expropiadas) sin la autorización del Congreso de la Nación”.
El proyecto que tratará el Congreso Nacional fija también la “remoción de los directores y síndicos titulares y suplentes” y estipula que “la 
designación de los directores se efectuará en proporción a las tenencias del Estado nacional, de los estados provinciales y uno en representación de los trabajadores de la empresa”.
Si se aprueba la ley –algo previsible dada la mayoría legislativa del oficialismo- el Estado pasará a controlar el 51% de la petrolera –la mayor empresa del país-. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner enfatizó que “no es un modelo de estatización sino de recuperación de la soberanía. Seguimos manteniendo el modelo de Sociedad Anónima y el de una conducción profesionalizada”.
Además del Estado nacional y las provincias, una porción menor de YPF seguirá en manos de Repsol; otra, en poder de la familia Eskenazi, y otra más seguirá flotando en bolsa. Sin embargo, desde el Grupo Petersen con el que los Eskenazi hicieron pie en la petrolera creen probable que los obliguen a dar un paso al costado. En los mercados ya hay rumores sobre la posibilidad de que otras comapañías -y entre ellas se mencionan a la brasileña Petrobras y la mexicana Pemex- terminen comprando la parte de los Eskenazi.
Más allá del capítulo sobre la expropiación del 51% de YPF, el proyecto establece también que, en el marco de la soberanía hidrocarburífera, el Estado “arbitrará las medidas conducentes” para, entre otros objetivos, la “conversión de recursos en reservas comprobadas y su explotación”; la “integración del capital público y privado nacional e internacional en alianzas estratégicas”; la “maximización de las inversiones”; la “promoción de la explotación y comercialización de los hidrocarburos con alto valor agregado” y la “explotación racional” de los recursos. Asimismo, crea un “Consejo federal de hidrocarburos” en el que participarán los ministerios de Economía, Planificación, Trabajo e Industria y que promoverá “la actuación coordinada del Estado nacional y los estados provinciales”.
España: Hostil expropiación
“Claras y contundentes“. Así serán las medidas que tomará el Gobierno de España en respuesta a la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera YPF, controlada aún por la española Repsol.
Así lo anunciaron, tras una reunión de emergencia en el Palacio de La Moncloa convocada por el propio Mariano Rajoy.
Los ministros de Relaciones Exteriores, José Manuel García-Margallo, y de Industria, José Manuel Soria, salieron a responderle a Cristina Kirchner luego de haberse reunido con Rajoy, presidente del Gobierno español, y decidir los pasos a seguir tras el anuncio.
“El gobierno (español) condena con absoluta energía la arbitraria decisión del gobierno de la Republica Argentina“, fueron las palabras de “bienvenida” del canciller García-Margallo.
Durante la conferencia, llevada a cabo en el Palacio de Santa Cruz, sede de la cancillería española, los ministros calificaron de “hostil” y “arbitraria” la expropiación y tildaron de “extravagante” la expulsión de los directivos españoles de la sede de la empresa en Puerto Madero.
Esta tarde, tras tomar control de la compañía, el ministro de Planificación, Julio De Vido, dio al orden de echar a los ejecutivos españoles de sus oficinas de Puerto Madero.
“El gobierno constata que esta medida arbitraria rompe el clima de cordialidad y amistad que tradicionalmente ha regido la relación entre España y Argentina”, dijo García-Margallo. Y recordó que en el pasado, España acudió en ayuda de Argentina cuando el país atravesaba “sus peores horas”.
Con su decisión, el gobierno de Cristina Kirchner “quiebra el acuerdo verbal al que se llegó en Buenos Aires el 28 de febrero” pasado cuando el ministro de Industria hizo un viaje relámpago para interceder en nombre de Repsol ante los crecientes rumores de estatización de YPF.
“En este acuerdo se decidió que los posibles contenciosos entre Repsol-YPF y el gobierno argentino se resolverían por la vía del dialogo y la negociación, que es lo normal, la regla habitual, entre países amigos como Argentina y España”, le enrostraron a Cristina. La promesa tenía el sello del ministro Julio De Vido y del titular de Economía, Hernán Lorenzino. Nunca cumplieron.
El canciller anunció que España “adoptará todas las medidas que considere conveniente en defensa de los intereses” de Repsol ya que la expropiación “perjudica a millones de pequeños accionistas que habían depositados sus ahorros” en la petrolera.
España “se ha puesto en contacto con la Comisión Europea para darle cuenta de esta arbitraria decisión y ha pedido que por vía de urgencia que se discuta esta medida en el pleno que está teniendo lugar en Estrasburgo”, explicó el canciller.
“Esta medida es extraordinariamente lesiva para el pueblo argentino porque quiebra el clima de confianza necesario para atraer los ahorros y las inversiones que necesita la Argentina y salir de la situación en la que se encuentra. Una pésima decisión para España, una pésima decisión para Argentina y una malísima noticia para la seguridad jurídica que debe regir las relaciones de los países amigos y aliados”, concluyó y le cedió la palabra al ministro de Industria.
“Cualquier gesto de hostilidad en contra de una empresa española en el resto del mundo, el gobierno de España la interpreta como un gesto de hostilidad contra España y contra el gobierno”, subrayó Juan Manuel Soria.
“La nacionalización es una decisión hostil contra Repsol, por tanto contra una empresa española, por tanto, contra España y el gobierno de España”, insistió Soria.
“El gobierno de España actuará en consecuencia“, dijeron y anunciaron que están trabajando en las medidas que se tomarán como respuesta y se darán a conocer en los próximos días. Y advirtieron que serán “claras y contundentes”.
Además, Soria, señaló que la medida “es discriminatoria respecto de otros operadores”. “Se anuncia una nacionalización del sector, pero sólo se adoptan medidas contra una sola empresa: que es la empresa YPF de la cual, Repsol empresa española, que es la legitima propietaria de la mayoría de las acciones”.
