29 de marzo de 2024 1:10 AM

Indocumentado argentino se declara en huelga de hambre en prisión

Claudio Rojas.Un indocumentado de nombre Claudio Rojas cumplió 19 días en huelga de hambre en la cárcel de inmigración Broward Transitional Center, en Pompano Beach en protesta por su probable deportación de los Estados Unidos.

Rojas reside en Miramar y fue trasladado a Krome Detention Center, en Miami-Dade. y luego fue trasladado al BTC de Pompano para seguir de cerca su estado de salud.

El hombre de 47 años se encontraba encerrado desde febrero en la cárcel para indocumentados sin récord criminal de la 3900 Powerline Rd.

Mientras tanto, activistas de la Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes (NIYA) han organizado una campaña a favor de Rojas. El miércoles seis miembros de NIYA hicieron un plantón en la oficina del senador Bill Nelson en Coral Gables,para pedir que el senador de su apoyo a Rojas y ayude a lograr su liberación a través de una discreción fiscal. Pasadas las 5 p.m., dos de ellos –-Judith Huerta y Benjamin David Miller— fueron arrestados después de negarse a desalojar la oficina sin antes hablar con el senador, segun activistas.

El senador Bill Nelson escribió una carta a Janet Napolitano, secretaria del departamento de Seguridad Nacional, en la que pide una revisión al caso.

“He sido informado de que el Sr. Rojas ha vivido en EEUU por 12 años y su esposa y dos hijos dependen de él”, dice la misiva de Nelson a Napolitano. “Estoy pidiendo que usted revise este caso y determine si una discreción fiscal es aplicable”.

Aunque consideran que la carta es una mejoría, los lideres de NIYA dijeron que aún quieren que el senador Nelson específicamente tome una posición de apoyo a Rojas.

 En general, los jóvenes buscan presionar al gobierno a cumplir con su propia política migratoria, como el reciente “Morton Memo”, publicado el verano pasado por John Morton, el director del ICE.

El memorando hace eco de la posición del presidente Barack Obama, quien ha dicho públicamente que los indocumentados que no hayan sido convictos por crímenes graves, no son de alta prioridad para ser deportados, ni representan una amenaza para la seguridad nacional.

 

 

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