El fallo, emitido el viernes, corresponde a una demanda que presentó el Southern Poverty Law Center, con sede en Montgomery, Alabama, a nombre de varios estudiantes de Florida a los que se negó que se les cobraran tarifas como si fueran residentes porque no pudieron demostrar la legalidad de la condición migratoria de sus padres. La directora jurídica adjunta del centro, Jerri Katzerman, señaló el martes que el fallo de Moore podría permitir a millares de estudiantes mayor acceso a la educación.
El juez “dijo sin ambigüedades que estos jóvenes son ciudadanos y fueron sujetos de discriminación”, agregó.
Las autoridades educativas estatales señalaron que los abogados del sector revisan el fallo y no han decidido si lo apelarán. Existen 28 colegios públicos con carreras de dos años, aunque la mayoría de los mismos ofrecen un número limitado de licenciaturas de cuatro años, así como 11 universidades públicas con carreras de cuatro años en Florida.
En la Universidad de Florida, la principal del estado, la carrera para residentes cuesta unos 205 dólares por crédito académico. Para estudiantes foráneos, la carrera se encarece a 947 dólares por crédito, según el Sistema de la Universidad Estatal de Florida.
Los hijos de inmigrantes no autorizados han ganado casos similares en otros estados.
En agosto en Nueva Jersey, una corte estatal de apelaciones dijo en un fallo que se denegó indebidamente asistencia financiera a los estudiantes nacidos en Estados Unidos cuyos padres no pudieron mostrar su condición migratoria legal.
