El gobernador Rick Scott firmó en la Torre de la Libertad, en el  downtown de Miami, una controversial legislación que prohíbe al Estado y los gobiernos locales hacer negocios o contratar empresas que tienen vínculos comerciales con Cuba y Siria.

Sin embargo la legislación quedó en suspenso ya que requiere el aval del Congreso y el presidente Barack Obama.

Scott firma polémica Ley“Debido a que este conflicto podría existir, las restricciones no entrarán en efecto a menos y hasta que el Congreso apruebe, y el presidente Obama firme, una ley que permita a los estados imponer independientemente ese tipo de sanciones contra Cuba y Siria”, indicó Scott en un comunicado de prensa. El comunicado se difundió bastante después de que Scott abandonara la Torre de la Libertad, lugar emblemático del exilio cubano.

Las leyes federales son las que deciden asuntos de comercio exterior. Los términos de la legislación sobre los negocios con la isla incluyen una cláusula que afirma que “se hace inactiva” si viola estas leyes.

Scott añadió que espera que la administración de Obama permita a la Florida imponer sus limitaciones al intercambio comercial.

“Por lo tanto, le pido al presidente Obama que introduzca una legislación federal que le permita a la Florida ir más allá de las dominantes y demasiado permisivas regulaciones federales”, precisó Scott. “Los regímenes de Cuba y Siria no son nada mejores que los de Irán y Sudán, y el gobierno federal le debe permitir a los estados imponer el mismo tipo de sanciones a cada una de estas dictaduras”.

El conflicto sobre los alcances de la llamada ley FHB 959 que firmó Scott, en medio del fervor y el entusiasmo de líderes del exilio y funcionarios del gobierno condal, entre otros, no fueron abordados en la ceremonia oficial de la Torre de la Libertad. En ese momento tampoco fue un tema de discusión entre la mayoría de figuras republicanas que asistieron a la firma, como los congresistas David Rivera y Connie Mack.

Más tarde Rivera afirmó que está listo para llevar al gobernador a las cortes en caso de que no hubiera otra opción.

“Como contribuyente de la Florida que no quiere que su dinero de los impuestos vaya a las empresas que hacen negocios con regímenes terroristas, estoy más que dispuesto a demandar al gobernador y al estado de Florida para forzar la aplicación de esta ley”, manifestó Rivera.

“Estoy seguro de que el gobernador ha sido engañado por su personal y esperamos que reconsidere su posición para que no dé lugar a una demanda”, agregó Rivera, quien más tarde se unió a otros legisladores en la radio hispana para criticar a Scott.

La ley debía entrar en vigor el 1ro. de julio. Fue auspiciada por el senador Rene García, de Hialeah, y el representante Michael Bileca, de Miami. En la Legislatura el proyecto fue aprobado sin mayor oposición.

Sus términos impiden a los gobiernos locales que contraten o hagan negocios con firmas que tengan vínculos comerciales con Cuba, directamente o a través de filiales. También contempla medidas “correctivas” que pudieran dejar sin efecto acuerdos vigentes y en desarrollo en caso de que se descubra que una empresa tiene operaciones comerciales con la isla o Siria.

La legislación añade a estos dos países a un estatuto que ya restringe la contratación de ciertas empresas que están bajo escrutinio del gobierno federal y tienen negocios en Irán y Sudán.

Cuba figura en la lista de patrocinadores del terrorismo internacional del Departamento de Estado, conjuntamente con Irán, Siria y Sudán. En enero, el presidente iraní Mahmud Ahmadinejad estuvo de visita en la isla. En ese momento, las autoridades cubanas calificaron el encuentro de Ahmadinejad y los hermanos Castro como una prueba más de la larga y estrecha alianza entre ambas naciones.

La republicana Ileana Ros-Lehtinen, presidenta del influyente Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, declaró que la nueva legislación no viola ningún reglamento constitucional.

“Nosotros hemos pasado en la legislatura estatal, al igual que en el gobierno federal, muchas leyes para decir que no se deben usar los fondos de los contribuyentes en otra manera”, precisó Ros-Lehtinen. “Esta legislación se convirtió en ley cuando fue firmada y no será cambiada por una declaración. Creo que no es contraria a la ley federal y por eso esta ley está vigente. No pienso que requiere más autorización congresional”.

El representante Mario Díaz-Balart también respaldó la iniciativa de la Florida y sus esfuerzos para que se aplique sin ningún tipo de condicionamientos.

“Esta legislación es una medida importante para impedir que los fondos estatales apuntalen a los dictadores de países terroristas que despiadadamente oprimen a su propia gente”, subrayó.

Recientemente, el principal abogado del Condado Miami-Dade, Robert Cuevas, objetó el alcance de la ley y recomendó que el gobierno condal no la aplique. En ese contexto, indicó que la legislación no puede ser instaurada hasta que el gobierno federal autorice a los estados a imponer limitaciones de adquisición en el plano comercial o un tribunal federal decida que la ley es constitucional.

La Cámara de Comercio de Florida y los dos principales socios comerciales del estado, Brasil y Canadá, advirtieron que esta nueva ley ahuyenta la inversión extranjera y frena la generación de nuevos empleos.

Edie Ousley, vicepresidenta del departamento de prensa y relaciones públicas de la Cámara de Comercio de Florida, afirmó a El Nuevo Herald que una ley como esta puede enviar un mensaje negativo a nivel internacional.

“Este proyecto de ley es probablemente inconstitucional y puede tener consecuencias no deseadas con nuestros socios comerciales internacionales”, indicó Ousley. “La Cámara de la Florida continuará monitoreando la situación”.

Entre las empresas cuyas operaciones hubieran sido afectadas está el gigante brasileño de la construcción Odebrecht. Una subsidiaria de Odebrecht en el sur de Florida ha participado en varios proyectos importantes como el estadio de la Universidad Internacional de la Florida. Actualmente Odebrecht está tras los pasos de un millonario proyecto llamado Airport City, que incluye dos hoteles y espacio para oficinas y tiendas en los terrenos del Aeropuerto Internacional de Miami.

El plan está siendo revisado por la Administración Federal de Aviación. Tendrá que conseguir la aprobación de los comisionados condales. La mayoría de los comisionados no están dispuestos a respaldar a Odebrecht por sus vínculos con Cuba. Una de las filiales de Odebrecht está realizando obras de ampliación y mejoramiento del Puerto de Mariel. (El Nuevo Herald)

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