La defensa de los principales acusados en el escándalo por la compra de votos en Brasil bajo el gobierno de Luiz Inácio “Lula” da Silva (2003-2010) rechazó  los cargos y pidió al máximo tribunal su absolución por falta de pruebas.
 
Los abogados cuestionaron el pedido de cárcel del fiscal contra 36 de los 38 implicados en el “mensalao”, mensualidad que supuestamente recibían los parlamentarios por su apoyo al primer gobierno de “Lula” (2003-2007) a través de una red organizada por empresarios y ex dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT, en el poder).
 
Los acusados –todos libres– enfrentan cargos por corrupción, peculado, lavado de dinero, gestión fraudulenta y asociación para delinquir.
 
José DirceuLa defensa de José Dirceu, el poderoso ex ministro de “Lula” y acusado de ser el jefe de la organización, negó los cargos y pidió su absolución, aduciendo que ninguno de los testimonios lo implican. “No es verdad que existió la propalada compra de votos; no es verdad que José Dirceu, como los demás acusados, buscaron parlamentarios de la base aliada, ofrecieron dinero para que votaran con el gobierno”, declaró José Luis de Oliveira, abogado del ex ministro de la Presidencia. Otro de los implicados, José Genoino, ex presidente del PT en la época, también pidió su absolución. “No hay ningún acto, un hecho concreto que sustente la condena de Genoino”, dijo su abogado Luis Fernando Pacheco, al insistir en que “el mensalao fue una farsa”.
 
Descrito por la fiscalía como el “más atrevido y escandaloso caso de corrupción descubierto en Brasil”, el esquema funcionaba a través del empresario Marcos Valerio de Souza, quien obtuvo contratos con el Estado y contrajo préstamos con bancos privados y públicos. 
 
Parte de los recursos fueron desviados para pagar cuentas de la campaña del 2002 que llevó a “Lula” al gobierno por primera vez, y comprar apoyos en el Congreso, según la acusación.
 
Los abogados de de Souza y Delubio Soares, ex tesorero del PT, rechazaron igualmente las imputaciones y solicitaron la absolución. La defensa de Soares insistió con que la única irregularidad que existió fue la no declaración de dineros legales a las cuentas del PT, una práctica conocida como “caja dos” que no es castigada penalmente.
 
150 ABOGADOS
 
Una verdadera “tropa de élite” integrada por 150 abogados criminalistas de los 30 bufetes más prestigiosos de Brasil prepararon ayer la defensa de los 38 acusados de perpetrar un sofisticado esquema de desvío de dinero y pago de sobornos durante el gobierno del ex presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva.
 
La tercera sesión del juicio de mayor envergadura que enfrenta el Supremo Tribunal Federal brasileño, que se celebró ayer, fue el momento clave de los defensores, tras la dura exposición del procurador general de la República, Roberto Gurgel, quien pidió la condena para todos los reos y su prisión inmediata tras el dictamen final de la corte.
 
José Dirceu, el ex hombre fuerte del primer gobierno de “Lula” da Silva (2003-2007 fue apuntado por el procurador como el “cabecilla” de la “cuadrilla”, mentor, idealizador intelectual y ejecutor del fraude.
 
El esquema liderado por Dirceu, según la acusación, consistía en desviar dinero de campañas electorales, organismos públicos y “contribuciones” de privados a cambio de favores, y usarlo después en el pago mensual de sobornos a parlamentarios.

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