Cada vez que ocurre una masacre en Estados Unidos, revive el debate sobre el control a la venta de armas, uno de los negocios más lucrativos –junto al narcotráfico y la prostitución–, que mueve al año alrededor de US$70.000 millones en el mundo.
Esta vez no fue la excepción. La masacre del 20 de julio en un teatro de Aurora –estado de Colorado–, que dejó 12 muertos y 58 heridos, calentó el debate en los medios estadounidenses en el mismo momento en que 193 países de Naciones Unidos negociaban en Nueva York el ambicioso Tratado sobre Comercio de Armas (TCA) –que busca adoptar un esquema internacional de acciones para regular el comercio de armas y prevenir el desvío a terceros países–. Pero, luego de 25 días de negociaciones, el 27 de julio culminó la reunión con un estruendoso fracaso.
Igual que en ocasiones anteriores, ni el repudio de las familias de las víctimas ni la presión social y de ONG’s logró ponerle cortapisas a la venta de armas ligeras, –como fusiles, pistolas, revólveres y ametralladoras– que en países como Estados Unidos es muy laxo.
En esta ocasión, el timing no favorece las expectativas de quienes atribuyen el aumento de la violencia al fácil acceso que tienen los ciudadanos a las armas.
Por un lado, en Estados Unidos se libra una de las más duras batallas por la Presidencia y ninguno de los candidatos está dispuesto a perder el apoyo de poderosos grupos que defienden el libre acceso. Barack Obama, en busca de su reelección, declinó incluir el tema de control de armas en su campaña, mientras que su rival, Mitt Romney, ha dicho que no apoyará esta idea porque “pensar que las leyes contra los instrumentos de la violencia harán que la violencia desaparezca es equivocado”.
En el Senado el líder de la mayoría demócrata, Harry Reid, anunció que este año no se estudiará el tema. “Con el calendario que tenemos, ni siquiera vamos a tener un debate sobre el control de armas”, dijo a los medios el congresista.
Pero otros países como Rusia y China, donde operan poderosas industrias militares, rechazan de tajo estas iniciativas porque las consideran un freno y hasta una intromisión en sus asuntos. La coyuntura de desestabilización política en el mundo árabe hace que el tema resulte ‘intocable’ en estos momentos.
Más que estadísticas
Con cifras en mano, varios centros de pensamiento, asociaciones de víctimas y ONG’s defienden una mayor regulación del negocio de armas.
Cifras de la Campaña Brady para la Prevención de la Violencia con Armas de Fuego y el Centro de Prevención y Control de Lesiones, citadas por el diario Excelsior, señalan que solo en Estados Unidos el año pasado fueron atacadas 100.000 personas con armas de fuego, lo que significa que cada cinco minutos hay una víctima. Los muertos por armas de fuego llegaron a 35.000 el año pasado.
De acuerdo con The Economist, en Estados Unidos dos tercios de todos los asesinatos que se cometen al año involucran armas de fuego. En ese país las personas están cuatro veces más propensas a ser asesinadas que en Gran Bretaña, casi seis veces más que si residen en Alemania y hasta 13 veces si viven en Japón.
Quienes promueven los controles al comercio de armas sostienen que una restricción a la venta de fusiles de alto poder, vigente entre 1994 y 2004 en Estados Unidos, permitió la reducción en los actos de violencia. Pero la ley fue derogada en 2004 por George W. Bush y su reinstauración tiene pocas probabilidades.
The Economist, en su edición del 28 de julio, asegura que “no son las armas las que matan multitudes de personas inocentes, son los locos con fácil acceso a ellas, quienes lo hacen”, aboga por un sistema de verificación de antecedentes y entrega de licencias más estrictos para los compradores e incluso restricciones sobre los tipos de armas disponibles o prohibición de compra de las más mortíferas.
Estas posiciones, sin embargo, chocan con el poderoso lobby de los principales productores de armas, que se oponen a mayores regulaciones domésticas en Estados Unidos y a un control de las transacciones internacionales, como lo plantea la ONU.
Oxfam, una ONG británica, calcula que este lucrativo negocio registró el año pasado ventas por entre US$60.000 millones y US$70.000 millones, generados por 1.135 compañías que operan en 98 países.
Estados Unidos, Rusia, China e India, grandes productores, lograron frenar la negociación del TCA que concluyó sin éxito. Un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz (Sipri) asegura que la gran inversión en producción –y compra– de armamentos de Estados Unidos ha sido la gran talanquera para regular el mercado mundial de armas.
Pero no solo los productores están contra de las regulaciones. Países como Egipto, Pakistán, Siria, Irán, Argelia y Venezuela, que han aumentado sus compras en los últimos años, se oponen a cualquier tipo de regulación, pese a que el TCA que se negociaba en Nueva York no pretendía limitar la producción de armas nuevas o, incluso, la negociación de las ya usadas.
En septiembre próximo el tema volverá a calentarse cuando se reanuden las conversaciones fallidas sobre el TCA, pues un grupo de 90 países, liderado por México, volverá a la carga con sus propuestas de regulación del mercado de armas para buscar “un mundo más seguro”. Sin embargo, las probabilidades de que esta vez haya humo blanco siguen siendo bastante lejanas.
