El testamento del ex dictador chileno Augusto Pinochet fue abierto por orden judicial en medio de gran expectación, más de cinco años después de su muerte, pero contenía sólo una modificación respecto al albacea, lo que hace presumir que el grueso del contenido se halla en un documento anterior.
El texto fue abierto en un tribunal de Santiago y su contenido se remitía solamente a media página, en la que se consignó el cambio del albacea de los bienes, desde el abogado Oscar Aitken a Julia Hormazábal.
“Se abrió el testamento y en él se dispone exclusivamente una modificación de la persona del albacea”, explicó a periodistas el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Álvaro Quintanilla.
“No hay ninguna referencia a actos de disposición de bienes, lo cual probablemente hace el testamento a que se remite esta modificación, que es un testamento del año 2002 ante otra notaria”, agregó el jurista.
El testamento fue modificado por Pinochet en 2005, un año antes de su muerte y cuando ya se encontraba en curso una investigación judicial para determinar el origen de su fortuna oculta en el Riggs Bank de Washington y otros bancos extranjeros, en el marco de la cual se pidió abrir este miércoles el documento.
Hasta ahora, el testamento se encontraba bajo la custodia de una notaria de Santiago y la familia Pinochet se negaba a abrirlo por encontrarse todos los bienes embargados y para evitarse más conflictos, ya que se temía que el documento dejara en evidencia favoritismos entre sus hijos.
“Los hijos no estamos interesados en abrir algo que está embargado. Hasta nos puede traer problemas, como decir que uno recibe más que el otro, que es lo más probable”, señaló la hija mayor del ex dictador, Lucía Pinochet, al vespertino La Segunda en octubre del año pasado.
El documento original, de acuerdo a versiones de prensa, contiene unas tres páginas y en ellas el dictador sí dispone el reparto de sus bienes entre sus cinco hijos y su viuda Lucía Hiriart, en porciones que se desconocen.
El notario a cargo del testamento original, Humberto Quezada, aseguró que el documento fue sellado en septiembre de 2002, aunque el dictador estuvo durante los dos años anteriores definiendo el detalle del texto.
El CDE pidió abrir el testamento del 2005 para asegurar el pago de eventuales indemnizaciones por procesos judiciales aún en curso y de impuestos adeudados, que son también de resposabilidad de los herederos.
Ahora pedirá que se abra el documento original, elaborado en 2002, según adelantó el abogado Quintanilla.
“Se pidió el último testamento, porque el último testamento expresa la última voluntad y la información oficial, que era el Registro Civil, indicaba que éste era el testamento del señor Pinochet, por eso en principio pensamos que era un acto de disposición de bienes”, explicó Quintanilla.
“Vamos a tener que repetir esta diligencia de apertura y publicación del testamento cerrado pero referido al anterior testamento, y suponemos que el contenido de ese testamento es dispositivo de bienes e indica los herederos”, agregó el abogado.
Sin embargo, el contenido del testamento original es aun desconocido, incluso por el notario que lo selló.
“Yo no conozco el contenido del testamento. (…) El testador (Pinochet), introduce en un sobre el testamento y yo procedo a sellarlo y lacrarlo y ese documento está guardado en la bóveda del Banco de Chile”, explicó Quezada.
“En el momento que el magistrado me convoque al tribunal yo llevaré el testamento para que el magistrado proceda a su apertura”, agregó el notario.
Quintanilla explicó que la próxima semana el Consejo se reunirá para hacer la nueva petición y estimó que el texto original podría ser abierto en “dos o tres meses” más.
Desde 2004, la justicia chilena lleva adelante una investigación judicial para determinar el origen de la fortuna de Augusto Pinochet, calculada en unos 26 millones de dólares, 20 millones de los cuales corresponden a depósitos en bancos extranjeros y el resto a varias propiedades en Chile.
En el marco de esta investigación, la viuda y los cinco hijos de Pinochet fueron detenidos bajo el cargo de ‘malversación de caudales públicos’, aunque luego la Corte Suprema los sobreseyó a todos. Su ex albacea Oscar Aitken sigue procesado y la investigación para determinar el origen aún está abierta.
El ex dictador alcanzó a ser procesado y estar bajo arresto domiciliario por este caso, aunque murió sin ser condenado, al igual que ocurrió con varios procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos atribuidas a su régimen, que dejó un saldo de más de 3.000 muertos y desaparecidos.
La familia del ex dictador dice que los bienes fueron obtenidos de forma lícita, a partir de ahorros en inversiones. Acusa una “persecución política” en su contra y algunos de sus hijos denuncian vivir en precarias condiciones económicas. (AFP)
