Congresista David RiveraEl representante federal David Rivera no enfrentará cargos criminales luego de una investigación de 18 meses de sus finanzas personales y de campaña por parte de la fiscalía estatal de Miami-Dade y el Departamento de Policía de la Florida (FDLE), según fuentes cercanas a la pesquisa.

Archivos dados a conocer muestran que el FDLE sospechaba el año pasado de “posibles violaciones criminales y éticas” por parte de Rivera, que iban desde fraude de campaña a falsificación de formularios de divulgación de información financiera. Sin embargo, la fiscalía concluyó que no puede acusar al congresista de Miami de delito alguno, debido a ambigüedades en las leyes estatales de finanzas de campaña y un acortamiento de la ley de prescripción que prohibía enjuiciamiento por gastos de más de dos años de antigüedad.

La fiscalía concluyó asimismo que Rivera no violó ninguna ley al recaudar cientos de miles de dólares en donaciones secretas a través de una campaña para un oscuro puesto dentro del Partido Republicano estatal. Se espera que la fiscalía estatal dé a conocer un memo cerrando formalmente la investigación en los próximos días.  

Ed Griffith, portavoz de la fiscal estatal de Miami-Dade Katherine Fernández Rundle, se negó a comentar sobre el estatus del caso. La vocera del FDLE, Gretl Plessinger, confirmó que la agencia había concluido su investigación.

La campaña de Rivera indicó en un comunicado que “él había actuado en todo momento en cumplimiento de la letra como el espíritu de las leyes estatales y federales de campaña, y ha reportado de modo apropiado todos sus ingresos personales”. Añadió luego que FDLE recibió información que refutaba “todas las alegaciones falsas e infundadas contra el representante Rivera.”

“En esencia, FDLE lanzó una investigación a tontas y a locas que acabó buscándole las tres patas al gato y que ya ha demostrado ser una cacería de brujas desacreditada, injustificada y con motivaciones políticas, que trajo como resultado la exoneración del representante Rivera”, amplió el comunicado. “El derroche poco profesional de los fondos de los contribuyentes en este asunto por parte de FDLE es vergonzoso”.

El final de la investigación disiparía una nube que se ha cernido sobre el congresista, en su primer término, desde que fuera electo a la Cámara de Representantes federal en el 2010, tras servir ocho años en la Legislatura de la Florida. Rivera ha pasado trabajo para recaudar fondos para su campaña de reelección el próximo noviembre.

Pero Rivera no ha sido exonerado por completo, sino que continúa siendo investigado por el FBI y el IRS en relación con un pago de $510,000 de un canódromo a una compañía dirigida por su madre y su madrina.

La pesquisa estatal se centró en una serie de cuentas de campaña administradas por Rivera durante sus años en la Cámara de Representantes de la Florida.

Los investigadores concluyeron que Rivera tenía por lo menos tres cuentas de campaña que usaba tanto para sus campañas por la Cámara estatal como para sus intentos de representar al Condado Miami-Dade en un oscuro comité estatal del Partido Republicano.

Rivera, quien fuera el poderoso jefe de presupuesto de la Cámara estatal, recibió cientos de miles de dólares para su campaña al comité del partido, incluyendo un cheque de $50,000 de un comité de acción política de los bomberos, indicaron fuentes. Pero la fiscalía concluyó que estas donaciones no eran ilegales: una cláusula poco conocida de la ley estatal permite a candidatos a puestos dentro de un partido recaudar sumas ilimitadas de dinero sin necesidad de divulgación.

Los investigadores estudiaron además detenidamente los gastos hechos por Rivera en sus cuentas de campaña. En un memo de julio del 2011, investigadores del FDLE dijeron creer que Rivera había gastado hasta $65,000 de sus fondos de campaña en gastos personales, desde el cuidado de mascotas hasta lavandería, una cuenta del dentista y “gastos de viaje para su novia”. El memo no menciona el nombre de su novia.

“Tras un análisis exhaustivo, FDLE identificó un patrón de actividad según el cual el señor Rivera estaba utilizando fondos recaudados durante sus campañas políticas para costear gastos personales sin relación con sus actividades de campaña”, amplió el memo.

Pero la fiscalía acabó por concluir que no podían probar que el dinero se dedicó a fines personales y no políticos. Rivera dijo a los investigadores que él viajaba constantemente para asistir a cenas de recaudación de fondos con fines políticos y otros eventos, lo cual convertía todos esos gastos en legítimos costos de campaña, según las fuentes.

Las fuentes señalaron que Rivera se reunió con fiscales e investigadores al menos dos veces durante la pesquisa, aunque Rivera negó tener información alguna sobre la investigación en una entrevista con Univisión el mes pasado.

Agentes y auditores revisaron además cientos de miles de dólares en gastos de campaña pagados por Rivera a la consultora política Esther Nuhfer, una fiel aliada de Rivera, así como pagos a compañías dirigidas por su madre, y la hija del principal asistente legislativo de Rivera. Pero los investigadores no hallaron evidencia alguna de que Rivera sacara beneficios personales de estos pagos.

Investigadores examinaron los gastos de campaña de Rivera remontándose al 2004. No obstante, una ley de prescripción de dos años sobre violaciones de campaña impidió a la fiscalía presentar un caso en base a sospechas de violación con anterioridad a la campaña de Rivera del 2010, ampliaron las fuentes.

La fiscalía estatal investigó el pago de $510,000 de Flagler Dog Track — rebautizado como Magic City Casino — que es ahora el foco de la investigación del IRS.

En el 2006, mientras servía como legislador estatal, Rivera aceptó trabajar como consultor para el canódromo en su esfuerzo por conseguir la aprobación de los votantes de Miami-Dade para juegos estilo casino en las parimutuales. Los dueños del canódromo acordaron pagar $1 millón a Rivera, concluyeron los investigadores.

Pero Rivera pidió al canódromo que le pagara el dinero, no a él, sino a Millennium Marketing, una compañía creada por la madrina de Rivera, explicaron los investigadores. Del contrato por $1 millón quedaban $300,000 por pagar hasta julio, según el memo de FDLE.

Investigadores rastrearon al menos $150,000 de esos fondos, que pasaron de Millennium a Rivera, un dinero que Rivera no mencionó en ningún momento en sus formularios de divulgación de información financiera estatales.

Rivera dijo luego haber recibido $137,000 en préstamos de Millennium. Al preguntársele sobre el acuerdo, la madre y la madrina de Rivera entregaron a los investigadores copias de pagarés verificando los préstamos. En el memo, los investigadores de FDLE dijeron que los pagarés “parecen haber sido creados por Millennium Marketing, Inc. para encubrir aún más el pago de fondos al señor Rivera”.

Investigadores del FDLE dijeron que no pudieron hallar prueba alguna de que el contrato de Rivera con el canódromo influyera sobre sus votos en la Legislatura. “Pero él tomó medidas para disfrazar su relación con un grupo de intereses especiales”, afirmó el memo de FLDE.

La fiscalía determinó que los pagos del canódromo no eran inapropiados, ya que Rivera llevó a cabo el trabajo bajo contrato. (El Nuevo Herald)

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