Un proyecto para una expansión masiva de las cárceles privadas en la Florida se derrumbó el Senado, después de que nueve republicanos se unieron a una docena de demócratas para propinarles un revés a los líderes del Senado y darles una victoria a los trabajadores estatales.
Como resultado, el estado no llevará a cabo lo que habría sido la mayor expansión en la privatización de las cárceles en la historia de Estados Unidos, que hubiera afectado a 27 prisiones y campos de trabajo en 18 condados y desplazado a más de 3,500 funcionarios de prisiones.
Los líderes del Senado dijeron de inmediato que tendrían que reducir los programas de educación y de salud en $16.5 millones, la cantidad que la privatización hubiera ahorrado en el primer año.
La votación del Senado, por 21 a 19, reforzó la ya conocida reputación de independencia de la cámara alta, tal como lo ha demostrado a lo largo de los años en muchos temas, desde el derecho al aborto, la inmigración y el caso de Terri Schiavo.
La votación del martes fue un triunfo para un grupo rebelde de republicanos, que rechazaron los argumentos de los partidarios de la propuesta de que las cárceles con fines de lucro ahorrarían dinero de los impuestos y aumentarían la eficiencia. Los 12 demócratas también votaron en contra, poniendo al partido de la minoría en el desacostumbrado papel de ganador.
A la cabeza de la oposición estuvo el trío de senadores de Tampa Bay: Paula Dockery, de Lakeland; Mike Fasano, de New Port Richey, y Jack Latvala, de Clearwater.
Otros seis también desertaron de la dirigencia del Partido Republicano, para echar a pique la privatización por segundo año consecutivo. Un plan similar, incluido en el presupuesto de la sesión del 2011, fue declarado inconstitucional por un juez estatal; el estado ha apelado contra el fallo.
Los senadores debatieron la privatización durante casi tres horas, y los discursos de los oponentes en el pleno mostraron a menudo más pasión. Más que hablar de números, hablaron sobre las personas, como el tratamiento a los funcionarios de prisiones, cuyo salario inicial es de $34,000 al año, y que no han recibido un aumento de sueldo en los últimos seis años.
“¿Qué pasa con los empleados del estado?”, dijo el senador Dennis Jones, republicano por Seminole. “Deberíamos cuidar de ellos, en vez de echarlos a patadas debajo del autobús”.
Los guardias de prisiones desplazados por la privatización podrían haber sacado a funcionarios con menos experiencia de sus puestos de trabajo. Pero, dijo Jones, con la crisis actual de la vivienda, muchos están atrapados en sus casas y no podían venderlas si lo desearan.
Al otro lado del Capitolio, en la Cámara de Representantes, un influyente legislador dijo que la votación termina el debate de la privatización durante el año. “Supongo que esa es una cosa menos con la que tendremos que lidiar en esta sesión”, dijo el representante Will Weatherford, republicano de Wesley Chapel, que está en la línea para ser presidente de la Cámara el próximo otoño.
El principal partidario de la privatización en el Senado, el senador JD Alexander, republicano por Lake Wales, describió su trabajo como presidente de presupuesto y su frustración de tratar con un Departamento de Correcciones retrógrado que es renuente a la modernización.
Alexander dijo que la agencia, por ejemplo, se ha movido a paso de tortuga en el cambio de las tarjetas de nómina de papel a los relojes electrónicos para los empleados.
“Hemos sido incapaces, de manera persistente a lo largo de mis 14 años, de realizar un cambio sistémico en la estructura básica de funcionamiento de las cárceles”, dijo Alexander.
La oposición de dos senadores republicanos demostró ser crucial: Charlie Dean, de Inverness, y Steve Oelrich, de Alachua, ambos ex jefes de policía conservadores que dirigíeron las cárceles en sus condados. Ambos hombres resistieron el cabildeo personal del gobernador Rick Scott, y dijeron que era un error promover la privatización de la seguridad pública en toda una región del estado.
“Estoy asustado por la idea de que empresas privadas sea responsables de quitarle la libertad a alguien y de mantenerlos allí”, dijo Oelrich.
Los senadores que se oponen al plan de privatización citaron una carta de Jim McDonough, que dirigió las prisiones de la Florida bajo el ex gobernador Jeb Bush después de un gran escándalo. McDonough pidió un voto negativo sobre la base de que los ahorros proyectados no eran fiables.
“No creo que se hayan aportado las pruebas necesarias”, dijo el senador Miguel Díaz de la Portilla, republicano por Miami. “Esta es una apuesta mayor que algunos de los proyectos de ley sobre el juego de apuestas que hemos estado discutiendo”.
Jim Eaton, un cabildero en favor de la empresa privada operadora de cárceles GEO Group, admitió que el tema está muerto en la Legislatura, por ahora, pero dijo que Scott puede poner en práctica la privatización por sí mismo, debido a que el presupuesto de 2010-11 incluía dinero para subcontratar la operación de algunas cárceles del sur de Florida. “Tiene la autoridad para hacerlo si así lo desea”, dijo Eaton.
Scott se negó a decir si iba a ampliar la privatización de las cárceles por su cuenta.
“En lo que estoy centrado es en garantizar que ocurra lo correcto”, dijo el gobernador. “Nadie se sienta aquí y dice: ‘Caramba, todos los servicios que los ciudadanos del estado quieren tener, tienen que ser pagados con el dinero de sus impuestos, y tienen que ser pagados por alguien que trabaje para el estado’. Ellos quieren la forma más eficiente, la forma más eficaz de hacerlo”.
El estado está privatizando, separadamente, todos los servicios médicos, dentales, de salud mental y farmacéuticos de los 100,000 reclusos que hay en todo el estado. (The Herald)
