Agricultores cubanosUnos 180,000 cubanos se incorporaron a la agricultura desde que hace tres años el gobierno de Raúl Castro comenzó a entregar tierras ociosas para elevar la deprimida producción de alimentos, informó  el ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez.

“Hay más de 178,000 personas trabajando en 1.2 millones de hectáreas que antes eran improductivas”, dijo Rodríguez, citado por el diario oficial Granma, tras subrayar que “son miles” los jóvenes que han solicitado tierras para iniciar actividades productivas.

Según el Centro Nacional de Control de la Tierra, “más del 77 por ciento de las tierras” estatales ociosas, entregadas a partir de septiembre del 2008 a personas o cooperativas agrícolas, “se encuentran en explotación”.

Cuba tiene una superficie agrícola de 6.6 millones de hectáreas, de las cuales había en el 2007 sólo unos 3 millones cultivadas, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

La producción agropecuaria de la isla creció 6.1 por ciento en el primer semestre del 2011 respeto a igual periodo del 2010, a pesar de reportar deficiencias en una decena de sectores agrícolas, de acuerdo con la Oficina.

El presidente Raúl Castro dijo en julio ante el Parlamento que persisten “incumplimientos” sobre todo en la agricultura por “errores de planificación”, la burocracia y la desorganización.

Los agricultores cubanos se quejan sobre todo del monopolio estatal y de trabas burocráticas en la comercialización de sus productos.

Desde que asumió el mando hace cinco años tras enfermar su hermano Fidel, Raúl Castro declaró la producción de alimentos asunto “estratégico”, pues Cuba importa el 80 por ciento de los alimentos que consume, e inició una reforma del sector que también incluyen la mejora del pago a los productores, la venta de aperos y créditos a tasas de interés bajas.

Cuba planificó para el 2011 importaciones alimentarias por un total de $1,200 millones, que, en una revisión de la proyección en abril, se aumentó a $1,500 millones -una cifra similar a la del 2010- debido al alza de los precios internacionales de esos productos y la persistencia de problemas burocráticos, según el gobierno.

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