Una serie de llamadas telefónicas hechas el miércoles a funcionarios y residentes de la Ciudad de Pembroke Pines por parte de la oficina de la representante federal Debbie Wasserman Shultz regaron rápidamente la noticia de que la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) ya no pensaba construir un nuevo centro de detención en la vecina localidad de Southwest Ranches.

 Pero las llamadas pronto fueron desmentidas, para el pesar de los que se oponen que se construya el centro de detención en una isla de Southwest Ranches rodeada de miles de casas y varias escuelas en Pembroke Pines.

Jonathan Beeton, director de comunicaciones de la representante Wasserman Schultz, dijo que el error se debió a información contradictoria recibida de ICE.

“Nos notificó el miércoles la Oficina de Relaciones Congresuales de ICE que esa institución había decidido no salir adelante con el centro de detención, y les preguntamos si podíamos pasarle esta información a individuos y organizaciones que habían contactado previamente nuestra oficina sobre este asunto”, dijo Beeton.

“ICE dijo que estaba bien que pasáramos esta información, y habláramos con los líderes de la localidad para informarles de la decisión de ICE”, dijo. “A las pocas horas, ICE volvió a ponerse en contacto con nuestra oficina, y esta vez afirmó que no se había llegado a una decisión final de ningún tipo respecto a la instalación propuesta en Southwest Ranches. Compartimos la frustración de nuestra comunidad respecto a la información contradictoria recibida de ICE”.

En un esfuerzo por aclarar la confusión, agentes de ICE publicaron un comunicado indicando que la agencia todavía está analizando la construcción de un centro de detención en Southwest Ranches.

“ICE ha seleccionado tentativamente Southwest Ranches para recibir un Acuerdo Intergubernamental de Servicio (IGSA) para la operación y el manejo de aproximadamente 1,400 camas para detenidos de inmigración”, rezaba el comunicado, que fue enviado por Nestor Yglesias, portavoz de ICE en Miami.

“En este momento, ICE y Southwest Ranches continúan analizando los detalles de esta selección tentativa’’, reza el comunicado de la agencia. “Si y cuando se lleve a cabo una selección formal, se harán las notificaciones de rigor”.

Durante aproximadamente una hora del miércoles, sin embargo, el alcalde de Pembroke Pines Frank Ortis celebró la noticia inesperada pero bienvenida, y se la comunicó a varios residentes.

Entonces Ortis recibió una segunda llamada de la misma fuente – Jodi Davidson, directora de distrito de la representante Wasserman Schultz – diciéndole que la información era incorrecta.

“Es un poco confuso”, dijo Ortis.

Charlie Dodge, administrador de la ciudad de Pembroke Pines, dijo que él también recibió llamadas de Davidson el miércoles.

Frustrado por la información contradictoria, Dodge envió una carta el jueves a Gary Mead, director adjunto ejecutivo de ICE, exigiendo una explicación.Debbie Wasserman Schultz con los empresarios María Antonietta Díaz y Jorge Fernández

“Se ha diseminado mucha información sobre este proyecto en los meses recientes”, escribió Dodge en la carta. “No obstante, debido a la ausencia de comunicación directa por parte de ICE, la ciudad no ha podido separar los hechos de los errores”.

Dodge pidió además toda la correspondencia entre ICE, Southwest Ranches y el abogado del poblado, Keith Poliakoff o cualquiera que represente su bufete legal, la oficina de la representante Wasserman Schultz, Corrections Corporation of America (la firma privada de prisiones que está licitando para traer la instalación a Southwest Ranches) y cualquier abogado que represente a la compañía.

El centro propuesto ha creado una fuerte división entre los líderes electos de Pembroke Pines, que se oponen al centro, y Southwest Ranches, que afirma que la misma generará impuestos a la propiedad muy necesarios para el poblado y creará empleos.

En un esfuerzo por detener la construcción del centro, los comisionados de Pines votaron en febrero a favor de cancelar un contrato para brindar servicios de bomberos, emergencia médica, agua y alcantarillado a Southwest Ranches y el propuesto centro de detención.

Al día siguiente, Corrections Corporation of America, la cual es propietaria del terreno donde se construiría el centro de detención, demandó a Pembroke Pines ante los tribunales federales exigiendo una sentencia declaratoria con relación a la obligación de la ciudad de brindar servicios básicos al área, así como varios millones de dólares en daños y perjuicios.

Pembroke Pines presentó poco después una contrademanda ante los tribunales estatales, pidiendo el fallo de un juez sobre la obligación legal de la ciudad de prestar servicios básicos fuera de sus límites.

No se ha fijado todavía fecha de audiencia para ninguna de las dos demandas.

En otro orden de ideas, la congresista Debbie Wasserman Schultz ha estado muy activa como siempre en sus labores vinculadas a la comunidd. En días recientes ofreció una conferencia de prensa en la oficina de los empresarios Jorge Fernandez y María Antonietta Diaz, jerarcas de la consultora GBS Group en la ciudad de Pembroke donde ofreció detalles acerca de tópicos relacionados con la salud y la relación laboral. (El Nuevo Herald)

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