El Estado de Alabama cuenta con la ley de inmigración más rigurosa de todo EE UU. El Departamento de Justicia intentó impedir con una denuncia que entrara en vigor al considerar que viola la Constitución. Pero la decisión de una juez federal, que aprobó algunos de los artículos más radicales, ha permitido que Alabama se convierta en el Estado con la legislación más restrictiva de todas.
Con efecto inmediato, salir a la calle sin un documento de identificación constituye un delito. Los agentes de policía pueden, desde el pasado, viernes comprobar el estatus migratorio de cualquiera sospechoso de carecer de permiso para vivir en el país. Este último apartado coincide con la ley de inmigración de Arizona, que en 2010 despertó una ola de críticas por el riesgo de discriminar en función de la raza.
Alabama, centro de la lucha por los derechos civiles de los ciudadanos afroamericanos en los años cincuenta, también ha prohibido que las empresas proporcionen servicios a clientes indocumentados. Miles de familias obligadas a vivir a escondidas de las autoridades tampoco podrán contratar agua ni luz. Por primera vez, además, una ley de inmigración señala a los menores de edad: las escuelas públicas están obligadas a comprobar el permiso de residencia de los estudiantes y de sus progenitores.
La dureza de la legislación contrasta con el reducido tamaño de la comunidad hispana, que representa apenas un 3% de la población. La media de otros Estados es del 12%. La ley es una reacción a su rápido aumento durante los últimos diez años: Alabama es el segundo Estado donde la comunidad hispana ha crecido más desde 2000. En cuanto a los menores de 18 años, el censo estimó en 2009 que unos 79.000 menores pertenecen a familias de inmigrantes. De ellos, el 88% tiene permiso de residencia en el país. Aún así, según The New York Times, casi dos mil estudiantes hispanos se ausentaron de los colegios públicos de todo el Estado el pasado viernes, un 5%.
Scott Douglas, director de una coalición de organizaciones religiosas del Estado de Alabama, considera que es imposible saber exactamente lo que va a pasar. “Estamos hablando de niños estadounidenses con hermanos indocumentados. Es muy difícil encontrar cifras exactas. Puedes hablar de unidades familiares, pero incluyen a gente en todo tipo de circunstancias distintas”.
“La ley amenaza directamente a la educación, la seguridad y el bienestar de los menores”, condenó Wendy Cervantes, vicepresidenta de First Focus, un grupo por los derechos del menor. “Normas como esta convierten a los directores de colegio en policías y desvían los recursos de educación a perseguir a los menores”.
La ley amenaza directamente a la educación, la seguridad y el bienestar de los menores”
Wendy Cervantes, vicepresidenta de First Focus
Douglas alerta también del impacto económico de esta ley en las familias hispanas y en el futuro de la comunidad. Los últimos datos muestran que por primera vez los hispanos son el mayor grupo de niños viviendo en la pobreza, un 22%. En Alabama, el porcentaje asciende al 27%. “Una de las mayores paradojas en este Estado es que la educación pública está financiada con los impuestos sobre el precio de los alimentos. Cuánto más pobre es una familia, más aportan a la educación”.
La juez federal Blackburn, nombrada por el expresidente George H. W. Bush en 1991, sí bloqueó otros apartados como la prohibición de llevar en un vehículo a inmigrantes indocumentados o que estos soliciten empleo.
El Departamento de Justicia apeló la decisión de la juez inmediatamente. El presidente Barack Obama ha afirmado en varias ocasiones que rechaza iniciativas estatales porque la solución es una reforma a nivel nacional. Para ello deberá superar la oposición del Partido Republicano. La ley de Arizona, por su parte, está a las puertas del Tribunal Supremo.
