Tras cinco años como jefe del Departamento de Policía de Doral, Ricardo Gómez fue destituido del cargo el martes por el nuevo administrador de la ciudad, Merret Stierheim, ante alegaciones de irregularidades en esa agencia plasmadas en investigaciones oficiales realizadas en los últimos años.
Stierheim dijo que su decisión se basó en la revisión de una investigación interna de la Ciudad y de un reporte de 140 páginas elaborado por la Policía Estatal (FDLE), que el año pasado documentó la supuesta interferencia de Gómez en la adquisición de muebles de oficina y la asignación de fondos para pagar una ceremonia en el lujoso Doral Resort & Spa.
“Hay numerosas alegaciones en el reporte, serias alegaciones, que tomadas todas juntas, y poniéndolas en contexto, ofrecen un panorama no saludable y de extrema baja moral en el departamento”, dijo Stierheim. “Ese no es el departamento que uno espera. Este debe ser justo, honesto, de un código de conducta”.
Gómez expresó a El Nuevo Herald su sorpresa ante la medida. Indicó que el martes por la mañana recibió una llamada para reunirse con Stierheim, quien le planteó dos opciones: “O renuncias o te despido”.
“Yo le respondí que me despidiera”, dijo Gómez, quien agregó que le preguntó al administrador si podía recoger sus pertenencias de la sede policial, lo que le fue negado. “Fue indignante”.
En su reemplazo fue nombrado de forma interina el teniente Miguel “Mike” Pérez.
La investigación de la FDLE no resultó en cargos criminales contra Gómez. En diciembre del 2011, la Oficina de la Fiscalía Estatal concluyó que no había suficiente evidencia para formular una acusación criminal.
Stierheim también indicó que despidió a Esther Rodríguez, la secretaria de Gómez. Además, separó al teniente José Trigo con licencia administrativa de sus funciones como coordinador de relaciones comunitarias de la policía de Doral. En el informe de la FDLE, varias personas acusaron a Trigo de mal uso de fondos designados para un programa para jóvenes llamado Explorers, y de cobrar horas extra no trabajadas. Por su parte, Rodríguez era considerada una fiel seguidora de Gómez.
El alcalde de Doral, Luigi Boria, respaldó la decisión de Stierheim. Indicó que la investigación de la FDLE reveló que “sí había suficientes cargos administrativos donde se cuestionaba la labor que [Gómez] estaba desempeñando”.
“Yo respeto la decisión del administrador. Es importante que de alguna manera, nosotros [la Ciudad] sigamos los pasos de una persona que trae una vasta experiencia en la administración municipal”, destacó Boria. “Yo nunca lo hubiera podido hacer mejor y por eso le doy todo mi apoyo a la decisión que él ha tomado”.
Boria aseguró que “no hay una cacería de brujas” contra funcionarios municipales que habían sido de la absoluta confianza del ex alcalde Juan Carlos Bermúdez. La semana pasada, Yvonne Soler negoció su renuncia al cargo de administradora municipal a cambio del pago de unos $88,000 por seis meses de salario y compensaciones adicionales por seguro médico y beneficios por un total de $13,000.
El ex concejal de Doral, Pete Cabrera, felicitó la decisión adoptada por Stierheim para forzar la salida de Gómez.
“Este despido confirma lo que he estado diciendo sobre los abusos que se han venido cometiendo en el departamento de policía”, dijo Cabrera, quien llegó a la sede municipal poco antes de que Boria y Stierheim ofrecieran entrevistas sobre los despidos. “La concejal Sandra Ruiz y yo éramos los únicos que teníamos el coraje de exponer lo que estaba sucediendo. La Fiscalía no levantó cargos contra Gómez, pero su conducta era inaceptable”.
En junio, cinco meses después de que la Fiscalía desestimara el caso, Gómez demandó por difamación a Cabrera, a Ruiz y al ex administrador municipal Sergio Purriños. En su demanda, Gómez exige una reparación de más de $15,000 por los costos de defensa legal durante la investigación. Gómez convocó este miércoles una conferencia de prensa en el bufete del abogado a cargo de la demanda.
La investigación de la FDLE se enfocó en una licitación de muebles en el 2007 para la policía y en el pago de casi $26,000 al Doral Golf Resort & Spa para realizar una ceremonia de inauguración del nuevo departamento policial. El dinero había sido donado por un proveedor de la policía.
Según la demanda, Purriños le había dicho a la FDLE que le recomendó a Gómez hacer la ceremonia en una escuela secundaria. Sin embargo, la firma de Purriños aparece en el contrato con Doral Golf Resort & Spa para realizar la ceremonia. La acusación también adjunta la copia de un cheque por $14,216 pagados a ese centro de esparcimiento, con la firma de Purriños.
Stierheim enfatizó que la decisión de plantearle la renuncia a Gómez fue una decisión “absolutamente suya”, en la que no influyeron ni Boria, ni ninguna de las cuatro concejales.
La concejal Bettina Rodríguez-Aguilera, que trabajó como coordinadora de Desarrollo Económico durante la gestión de Bermúdez, mostró su extrañeza por la medida.
“Creo que en un gobierno democrático los empleados deben tener la tranquilidad de trabajar y que su profesionalismo sea acreditado sin consideraciones políticas”, indicó Rodríguez-Aguilera.
Stierheim dijo que el lunes sostuvo una larga entrevista con el teniente Pérez para coordinar el reemplazo de Gómez. Indicó que almorzó con él y le pidió discreción sobre el inminente relevo.
“El [Pérez] tiene la reputación, la integridad y el reconocimiento de sus compañeros en el departamento”, aseguró Stierheim. “Hemos tratado de traer a la persona más competitiva para que asuma el liderazgo de nuestro departamento policial”. (El Nuevo Herald)
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